Reescribir la memoria

Cuando los gobiernos empiezan a hablar de una «memoria histórica» podemos estar seguros de que están planeando silenciar el derecho de buscar con libertad la verdad. Están planeando imponer una especial «memoria» dictada por el estado.

Son palabras del historiador británico Henry Kamen para un artículo de El Mundo en el que hacía referencia a una cuestión que la actualidad política obliga a recordar estos días. Se trataba entonces del comité de Medvedev  para salvaguardar «la verdad histórica» estalinista; hoy, de la orwelliana Comisión de la Verdad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Corría el año 2009 cuando Medvedev decidió impulsar una conferencia internacional (a la que sólo acudieron dos políticos occidentales, a saber, François Fillon y, naturalmente, Rodríguez Zapatero) con el objetivo de «contrarrestar los intentos de falsificar la Historia e intereses de Rusia». Veintiocho expertos (ninguno de ellos era historiador) formaron parte de un comité de militares y políticos afines al régimen. Se reunían con la firme intención de «escoger qué manuales de Historia dicen la verdad y cuáles mienten». En otras palabras: de hacer un lavado de cara oficial al periodo estalinista y (re)escribir (e imponer) una única versión de la historia diseñada ‘a la carta’.

Pedro Sánchez, presidente (por la gracia del separatismo catalán, el regionalismo vasco y la izquierda abertzale) de esa nación de naciones de cuyo nombre prefiere no acordarse, parece seguir la estela totalitaria propia de quien se encuentra cómodo gobernando casi exclusivamente a golpe de decreto. Su Comisión de la Verdad pretende «acordar una versión de país» sobre la Guerra Civil y la dictadura. Escalofríante.

En primer lugar, no hay una «versión de país», del mismo modo que no existe una «memoria histórica» (¿acaso podemos hablar de memoria no histórica?). Hay muchas versiones y muchas memorias, o lo que es lo mismo: una Historia con múltiples interpretaciones susceptibles de ser aceptadas, cuestionadas o desechadas. Buscar o no la verdad y decantarse por una u otra versión (o por ambas a la vez) atañe exclusivamente al individuo; nunca al Estado. Por eso, frente a la imposición de una historia oficial, de una versión sacralizada y de una memoria única, cabe defender la confrontación de ideas, el debate abierto y la libertad para pensar, reflexionar y discrepar. Incluso para estar equivocado.

En segundo lugar, todos conocemos la versión a la que es afín el PSOE, porque en gran medida participó en ella (y de ella). No tan bien conocida es la otra parte de la historia: la que Sánchez, presionado por la extrema izquierda y con el beneplácito de gran parte de la derecha, pretende desterrar de su memoria oficial.

Hablemos, pues, de memoria. De esa que lleva años condenada a la marginalidad política y mediática y cuya mera mención supone asumir el desprestigio intelectual (sino directamente moral) de la intelligentsia de plató y camiseta negra (o agitprop).

Hablemos del fraude electoral de febrero de 1936, sin el cual —como han demostrado Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en 1936: Fraude y Violencia— el Frente Popular de Azaña no habría llegado al poder. Hablemos del «media España debe liquidar a la otra media» de Ibárruri, que no dudó en considerar preferible «condenar a cien inocentes antes que el culpable pueda ser absuelto».

Hablemos de Pedro Muñoz Seca, escritor y dramaturgo asesinado junto a otras 4.000 personas en Paracuellos del Jarama por orden del Partido Comunista de Carrillo (quien, por cierto, todavía da nombre a algunas de nuestras calles). Hablemos de la censura de prensa que llevó al Ejecutivo de la Segunda República a suspender, incautar y multar al diario ABC (entre otras cien publicaciones), como dejó claro este editorial de 1932:

«La suspensión gubernativa de ABC ha durado nada menos que tres meses y medio, ¡quince semanas! Ni en los tiempos de Calomarde, ni en los de Narváez, ni en los de Primo de Rivera… Durante todos los gobiernos de seis reinados y de dos repúblicas se aplicó jamás a un periódico una sanción gubernativa tan dura sin justificación legal».

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Milicianos republicanos profanando las tumbas y la iglesia del Carmen, en el centro de Madrid

Hablemos de los cien edificios religiosos devorados por las llamas entre el 10 y el 13 de mayo de 1931 y de las decenas de muertos que regaron con su sangre las calles de una recién estrenada República. Hablemos de muerte, fuego y tortura tras la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias.

Hablemos de Indalecio Prieto, ese ministro socialista para quien la etiqueta de demócrata era compatible con amenazar, pistola en mano, a los diputados de la oposición en el Congreso. Hablemos del asesinato de Calvo Sotelo en un clima de violencia callejera y constantes persecuciones políticas instigadas por el Gobierno.

Hablemos de ese bando que dejó entre 1934 y 1939 más mártires en España que en los diecinueve siglos anteriores: según el exhaustivo estudio publicado en 1961 por Antonio Montero Moreno, un total de 6.832 religiosos fueron asesinados en el territorio republicano, de los cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas. Se ha demostrado que éstas últimas fueron en algunos casos víctimas de violaciones y profanaciones.

Hablemos, en fin, pues hay mucho de lo que hablar. Y también mucho que perder: nada menos que la libertad de opinar, pensar o investigar sin asumir con resignación el desprecio de aquellos que, desde un escaño, se creen con la autoridad intelectual y moral necesaria para sentar cátedra y decidir quien es un desinformado, un ignorante o, directamente, un fascista sociópata.

La comisión de Sánchez, por otra parte, está condenada al fracaso. Porque al final, como diría Escohotado, la verdad se defiende sola. Por eso la mentira necesita la ayuda del Gobierno.

DIEGO MARTÍNEZ

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