EE. UU y las armas, más allá de la política

El pasado miércoles, un joven de 19 años, Nikolas Cruz, acabó con la vida de diecisiete personas, la mayoría estudiantes de su antiguo instituto en Florida. Lo hizo con un fusil de asalto semiautomático AR-15, concebido originalmente para uso exclusivo de las fuerzas armadas norteamericanas. El suceso ensanchó la lista de tiroteos en el país: dieciocho en lo que va de año. Una media de uno cada 60 horas.

Los lamentos iniciales pronto se convirtieron en una búsqueda sensacionalista de culpables y, como no podía ser de otra manera, las críticas recayeron sobre el presidente, Donald Trump. Pero, ¿es el problema de las armas en Estados Unidos realmente un problema político?

La realidad es que Estados Unidos es un país relativamente joven. En 1776, tras redactar la Declaración de Independencia, las Trece Colonias pasaron a ser trece estados independientes. En 1791, tan solo quince años después, la Segunda Enmienda a la Constitución reconocía el derecho del pueblo a portar y poseer armas, una disposición que ni el gobierno federal ni los estatales o locales pueden infringir. Portar armas es, por tanto, un derecho constitucional como lo puede ser el derecho a la libertad de expresión o a la seguridad en los efectos personales, ambos recogidos en las diez primeras enmiendas. De alguna manera, los ciudadanos norteamericanos han desarrollado generación tras generación una relación tan estrecha con las armas que la naturaleza del problema tiene más de cultural que de política. Quizá por ello en 2016 el 76 % de los estadounidenses se opuso a la derogación de la Segunda Enmienda.

Las consecuencias de una regulación tan permisiva son evidentes. La tasa de posesión de armas en Estados Unidos es de 101 por cada 100 habitantes, es decir, el número de armas —unas 350 millones— supera al de personas. Con tan solo un 5% de la población mundial, según publicaba El País, Estados Unidos posee más del 40% de las armas de uso civil del planeta.

Se calcula que más de 33.000 personas mueren al año por
su causa, lo que equivale a unos 93 fallecidos por día. En ciudades como Miami, en Florida, la tasa de homicidios con arma de fuego por cada 100.000 personas (23.7) no dista mucho de la de países como Colombia (27.1). Otras como Nueva Orleans (62.1) se aproximan a Honduras (68.4), considerado el país sin guerra con más homicidios del mundo, con un muerto cada 90 minutos. Como era de esperar, la gran mayoría de los criminales que perpetraron matanzas masivas entre 1982 y 2012, según la revista Mother Jones, obtuvieron sus armas de forma legal. Nikolas Cruz no fue una excepción.

Pese a tan alarmantes cifras, la sociedad estadounidense está muy dividida respecto a la regulación del uso de las armas. Si, como ya se ha demostrado, son pocos los que se plantean derogar la Segunda Enmienda, algunos piden leyes más estrictas, pero los porcentajes no son concluyentes. Según datos de la NBC en colaboración con The Wall Street Journal, un 59% de las personas en cuyo hogar hay al menos un arma (alrededor de un tercio del total) teme que el gobierno pueda llegar muy lejos en la restricción. Entre aquellos que no poseen armas, una limitación excesiva preocupa al 31%. Los porcentajes son también ajustados entre la población universitaria.

Aunque es evidente que existe una clara relación entre disponer de leyes demasiado permisivas con las armas y el aumento de la criminalidad relacionada con estas, para algunos su defensa entraña ante todo una cuestión moral. Afirman que nadie —tampoco el Estado— debería impedir a los ciudadanos ejercer libremente su derecho a la autodefensa, lo que incluye la posesión de armas de fuego. Para éstos merece la pena pagar el precio de la libertad, por muy alto que resulte. Otros articulan su defensa en torno a la posibilidad de que portar un arma pueda frustrar cualquier crimen sin necesidad de aguardar a las fuerzas de seguridad. Esto último no se corresponde exactamente con la realidad: según datos publicados por el FBI en 2014, sólo en un caso, de entre 160 tiroteos contabilizados entre los años 2000 y 2013, un civil armado pudo detener a su perpetrador.

Pese a la urgencia con que algunos exigen medidas drásticas, la solución es compleja y pasa indudablemente por reconocer la naturaleza cultural  —y no sólo política— de un problema que tiene mucho que ver con el carácter de toda una nación.

DIEGO MARTÍNEZ

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